Los ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu reiteraron este domingo sus llamados la destitución de la fiscal general Gali Baharav-Miara tras su oposición a una propuesta para limitar el mandato de asesores legales del gobierno a siete años y obligarlos a jubilarse a finales de este año, informó The Times of Israel.
Una opinión legal publicada por la Fiscalía General el domingo advirtió que tal medida podría tener como objetivo eliminar a funcionarios que actúan “como guardianes” debido a consideraciones “externas”.
En una publicación incendiaria en X, el ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi, quien se ha enfrentado a Baharav-Miara en el pasado, pidió su destitución e invocó principios de la halajá (ley judía) vinculados con intento de asesinato para justificar su posición.
Karhi acusó a la Fiscal General de ignorar la violencia e incitación de manifestantes contra el gobierno y afirmó que Baharav-Miara está “sentada con los brazos cruzados, les da legitimidad y se niega a detener este peligroso deterioro”.
Su aparente incapacidad para actuar contra la “ilegalidad” de los manifestantes antigubernamentales está llevando a Israel “a pasos agigantados al desastre: el asesinato del Primer Ministro“, agregó Karhi.
Tres manifestantes fueron arrestados durante la noche tras el lanzamiento de bengalas cerca de la residencia de Netanyahu en Cesarea.
“La Fiscal General debe irse a casa hoy”, reiteró Karhi. “Si alguien viene a matarte, incluso por debilidad o a través del silencio, levántate y despídelo”, dijo, parafraseando una línea del Talmud sobre la autodefensa: “Si alguien viene a matarte, levántate y mátalo primero”.
Las palabras de Karhi provocaron la indignación de la oposición, incluido su líder, Yair Lapid, quien acusó al Ministro de Comunicaciones de “incitar abiertamente al asesinato de la Fiscal General” y pidió su destitución.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel acusó a Karhi de “cruzar una peligrosa línea roja” y advirtió que su declaración es una “incitación grave contra los guardianes de la democracia israelí”, al tiempo que pidió a Netanyahu condenar la “retórica violenta y peligrosa” del ministro.
El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amijai Chikli, criticó de manera similar a Baharav-Miara, y afirmó que está impidiendo la implementación de Estado de Derecho de manera igualitaria en la sociedad israelí.
En una publicación en X, Chikli exigió la “impugnación inmediata” de la Fiscal General y la acusó de causar “daños sin precedentes al Estado de Derecho y al orden público”.
“En su constante desprecio por la incitación salvaje, es cómplice silenciosa”, escribió Chikli, y agregó que “el Estado de Israel no puede permitirse el lujo de tener a una anarquista en el puesto de asesor legal”.
Mientras tanto, en una entrevista con el sitio de noticias ultraortodoxo Kikar Hashabat, el ministro de Cooperación Regional, David Amsalem, afirmó que los manifestantes adquirieron ilegalmente las bengalas arrojadas a la casa de Netanyahu “bajo los auspicios de Miara“.
“El siguiente paso será un misil ligero, o tal vez un mortero”, postuló el ministro agitador.
“Ella es esencialmente la persona más peligrosa para el Estado de Israel“, continuó Amsalem. “Ella permite que la izquierda se descontrole, que haga lo que quiera. Se interpone en nuestro camino en el gobierno. Ella ha prohibido casi 50, 60, 70 decisiones, incluidas leyes. Ella se llama a sí misma la ley”.
La incitación contra Baharav-Miara se extendió en las redes sociales y en la reunión semanal del gabinete el domingo, tras la oposición de la Fiscal General a una medida para regular los paquetes de jubilación de asesores legales del gobierno y obligar a los que han servido más de siete años a jubilarse antes de finales de 2024.
Según un reporte de Kan, la medida allanaría el camino para la destitución de siete asesores ministeriales, entre ellos el asesor legal del Ministerio de Finanzas, Asi Messing, quien se ha enfrentado con el ministro Bezalel Smotrich, así como los asesores de los ministerios de Bienestar, Educación, Inmigración y Absorción, Asuntos de la Diáspora, Agricultura e Igualdad Social.
Aunque la propuesta no afectaría a Baharav-Miara en el futuro inmediato, ya que asumió su cargo en 2022, los ministros del gabinete aprovecharon la oportunidad para pedir su destitución durante un acalorado debate sobre el asunto.
Amsalem acusó a los asesores legales del gobierno de “gánsteres”, en tanto que el ministro de Justicia, Yariv Levin, afirmó que han actuado en “abuso de confianza durante 15 años”, al no cumplir con una decisión del gobierno de 2009, en línea con las conclusiones de la Comisión Abramovich, de limitar sus mandatos a siete años; nunca se implementó.
Netanyahu se ha desempeñado como primer ministro desde la época de la Comisión Abramovich, con la excepción de un breve periodo del gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid de junio de 2021 a diciembre de 2022.
Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha Itamar Ben Gvir reiteró sus quejas contra la Fiscal General y coincidió con Levin en que la conducta de los asesores legales fue “ilegal”.
“Pero no están entendiendo el punto: la asesora legal ha declarado la guerra al gobierno”, continuó.
“Se puede ver en el manejo de la incitación contra el Primer Ministro, la incompetencia en el caso de [Eli] Feldstein y, de hecho, en todo lo que nos han acusado”, dijo. “Presten atención, mis colegas ministros, por qué le pide al Primer Ministro que me despida: porque apoyé a nuestros soldados, porque hablé en contra de [los diputados de Hadash-Ta’al] Ahmad Tibi y Ofer Cassif, porque critiqué a los tribunales”.
“Hoy soy yo; mañana, será el Primer Ministro“, afirmó Ben Gvir.
La fiscal general, Gali Baharav-Miara envió el jueves una carta a Netanyahu para que reexamine el nombramiento de Itamar Ben-Gvir como ministro de Seguridad Nacional a la luz de sus repetidas y continuas intervenciones en asuntos de operaciones policiales y su politización de los ascensos en la policía.
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