Hemos amanecido con la noticia de que la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto “por posibles crímenes de guerra” contra Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant (ambos israelíes), y Mohammed Deif (palestino). Una decisión de la que hay mucho que comentar, y nada es a favor de la Corte.
Nunca habíamos visto una Corte Penal Internacional tan veloz a la hora de soltar órdenes de aprehensión. Las denuncias contra Nicolás Maduro, por ejemplo, llevan más de diez años en trámite. Que porque falta investigación, dicen en la Corte.
No hay ninguna denuncia, ni investigación, ni orden de arresto contra Bashar el-Assad por las masacres perpetradas contra su propia población durante la guerra civil en Siria. Tampoco hay siquiera comentario o insinuaciones contra Erdogan por las sistemáticas masacres de kurdos, o por haber cortado el suministro de agua contra un millón de personas en el norte de Siria.
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Por eso sorprende que ahora, sin investigación de por medio y nada más basándose en las apreciaciones personales de un fiscal (que, por cierto, está bajo fuego por acusaciones por acoso sexual), se emitan tres órdenes de aprehensión. Dos contra funcionarios israelíes, y supongo que la otra contra un destacado líder de Hamas, así como para que digan que va pareja la cosa. El detalle es que el líder de Hamas es Mohammed Deif, eliminado por Israel hace ya varios meses. O sea, igual a cero.
¿Qué es lo que pueden esperar Netanyahu y Gallant ante esta situación?
En principio, nada. Israel nunca se anexó al Tratado de Roma y, por lo tanto y de entrada, no está bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Así que el gobierno israelí no tiene ninguna obligación de implementar el arresto y proceder con la extradición.
Por supuesto, esto no significa que la Corte Penal Internacional esté maniatada. Sería demasiado fácil evadir su accionar si tan sólo bastara con que un país se mantuviera al margen del Tratado de Roma. A la Corte Penal se le reconoce jurisdicción en estos casos, pero sólo cuando un país (o entidad) ajeno al Tratado no tenga un sistema judicial independiente que garantice que dichos delitos se puedan perseguir de manera local.
El detalle es que Israel sí lo tiene. De hecho, el sistema judicial israelí mantiene una bizarra persecución contra Netanyahu por un caso de corrupción que, en más de diez años, no ha logrado prosperar. Así que la jurisdicción de la Corte Penal no aplica.
El asunto podría escalar a otro nivel, y trasladarse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, basándose en la decisión de la Corte, podría emitir resoluciones vinculantes que obliguen a la comunidad internacional a imponer sanciones a Israel en tanto no colabore con el arresto de Netanyahu y Gallant. Sin embargo, es casi seguro que Estados Unidos vetará cualquiera de estas movidas legales.
¿Se puede confiar en Biden al respecto? Yo creo que sí, y más adelante explicaré por qué.
En resumen, con todo y sus recursos legales, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Israel, y eso garantiza que la defensa de Netanyahu y Gallant tienen buenos argumentos para defenderse.
Ahora hay que entender qué o quiénes están emitiendo la orden de arresto, porque muchos comentarios en redes sociales ya empiezan a revolver este asunto con la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia.
Son dos cosas muy distintas.
A Netanyahu y Gallant no se les ha dictado orden de arresto por algo relacionado con esa acusación. En ese caso, Israel enfrenta una acusación como Estado miembro de la ONU de incumplir con la Convención para al Prevención del Genocidio.
Otra diferencia importante es que el proceso de Sudáfrica ya fue revisado por la Corte Internacional de Justicia y en el caso de Netanyahu y Gallant la orden proviene de la Corte Penal Internacional. Eso significa que el caso por genocidio sigue pendiente en esa otra Corte, mientras que el proceso contra los funcionarios israelíes apenas comienza (nótese, además, que la Corte Internacional de Justicia desestimó preliminaremente las acusaciones de Sudáfrica, por lo que no se acusó a Israel de genocidio en Gaza) en la otra.
¿Puede representar esto un problema para Netanyahu y Gallant? Por supuesto. Muchos países se van a declarar en disposición a ejecutar la orden. Eso significa que si cualquiera de los dos hiciera acto de presencia en los territorios de esos países, sería arrestados inmediatamente. En consecuencia, es evidente que ambos van a limitar al mínimo su actividad internacional. Pero mientras se mantengan en Israel, es imposible que las órdenes de aprehensión se ejecuten.
Para corroborar lo limitado que es el alcance real de la Corte Penal, basta con recordar que Putin tiene orden de arresto también, y sigue como si nada, adelante con su barbárica guerra.
El conflicto político y legal no termina allí, por supuesto. Estamos ante una situación que Israel ya había contemplado, y es seguro que el gobierno de Netanyahu ya tiene lista su respuesta (más allá de rechazar la jurisdicción de la Corte).
Además, es muy probable que el asunto no se quede allí, como un pleito cerrado entre la Corte e Israel. Muy probablemente, otros agentes u otros países van a querer intervenir.
Aquí el problema es sencillo: la Corte Penal está sentando un precedente jurídico muy peligroso. Le está diciendo al mundo occidental que, incluso en casos de combate al terrorismo, sin investigaciones previas ni acusaciones formales, la Corte Penal puede emitir órdenes de arresto contra cualquier presidente o Primer Ministro que se ponga al frente de su país para defenderse. Esto puede provocar que incluso algunos países empiecen a tomar medidas contra los integrantes de la Corte involucrados en la emisión de dichas órdenes, por considerar que se están aliando a los grupos terroristas.
En este sentido, va a ser muy interesante estar al pendiente del posicionamiento del presidente Biden. Por el momento, quien va a ser el encargado de Seguridad Nacional en la inminente administración de Donald Trump —Mike Walz— ya anunció que en enero vendrán medidas duras en contra de la Corte Internacional y de la ONU.
Esto no es cualquier cosa. De hecho, tal parece que la Corte Penal se ha arriesgado a hacer este movimiento extremo justo para adelantarse al inicio de la nueva administración Trump, que comienza el próximo 20 de enero. Sin duda, consideran que tienen más probabilidades de éxito todavía bajo la presidencia de Biden.
También es probable que estén tratando de meter presión sobre Israel ahora que su triunfo sobre Hamas y Hezbolá está a punto de ser completo. Justo hoy se ha anunciado que Hamás ha doblado las manos y está dispuesto a aceptar un acuerdo, sin exigir como requisito previo que se detenga la guerra (condición inamovible que mantuvo durante todo un año, y que fue el impedimento principal para cerrar cualquier negociación).
Eso no va a funcionar. El gobierno israelí está perfectamente consciente de que este tipo de movidas políticas tienen ese tipo de objetivos rupestres, y está claro que va a continuar con su estrategia de ataque hasta que considere que sus objetivos principales se han cumplido.
De hecho, la rendición de Hamas y de Hezbollá ya no es una ilusión lejana. Cada vez se antoja más cercana, debido a que el daño infringido por Israel a las dos organizaciones terroristas es mayúsculo.
Paradójicamente, la repentina decisión de la Corte podría alterar este panorama, y eso le resultaría profundamente molesto a Joe Biden.
En otros momentos a lo largo de este año en guerra, los posicionamientos de Estados Unidos en contra de Israel fueron un aliciente para que Hamas y Hezbolá se arriesgaran a no detener su guerra. Les animaron a apostar a que la comunidad internacional detendría a Israel, y ellos podrían replegarse para relamerse las heridas, pero también para reorganizarse en todo sentido y así garantizar su capacidad de ataque en lo futuro.
No les funcionó, como bien sabemos, y al perder esa apuesta quedaron prácticamente destruidos.
Lo irracional del asunto es que, justo ahora que ambos están en una mayor disposición de rendirse y negociar, este embate de la Corte puede mandar la señal equivocada, y los puede animar a mantenerse en pie de guerra. Si es así, Biden se va a enfurecer. Quiere terminar su gestión pudiendo presumir, por lo menos, que fue su administración la que logró el alto al fuego. Si la Corte Penal Internacional le arruina el momento, es seguro que Estados Unidos tomará represalias.
Esta es la razón de fondo por la cual, tal y como señalé previamente, Estados Unidos seguramente vetaría cualquier decisión anti-israelí que se tomara en cualquier instancia de la ONU. Todo aquello que anime a Hamas y Hezbolá a no sujetarse a un alto al fuego, va en contra de las urgencias principales de Biden.
Y no se diga de Trump. A él no le molestaría que el alto al fuego se firmara antes de su toma de posesión. Al contrario: prefiere que su nueva gestión empiece sin conflictos activos, para entonces retomar su papel de policía internacional que presume la forma en la que mantiene controlados a todos. Si las órdenes de aprehensión giradas por la Corte entorpecen el proceso de pacificación en cualquier modo, es seguro que Trump no se va a quedar con los brazos cruzados. Al final del día, los Estados Unidos tiene la ventaja inatacable del dinero.
En resumen, este es un episodio que apenas comienza, y que seguramente se convertirá en un dolor de cabeza legal para Israel.
Sin embargo, no es una situación que vaya a afectar el desarrollo de la guerra. Y, en una de esas, a quién más va a afectar será a la propia Corte Penal Internacional.
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