La Corte Internacional de Justicia aceptó una solicitud para emitir una opinión consultiva sobre la legislación israelí que prohíbe las operaciones de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.
La semana pasada, la Asamblea General de la ONU votó a favor de solicitar a la CIJ una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel de facilitar la ayuda a los palestinos, a raíz de la legislación israelí.
A principios de esta semana, el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, aceptó esa solicitud y fijó una fecha para el 28 de febrero de 2025 para la presentación de declaraciones escritas en respuesta a la solicitud de la Asamblea General de una opinión consultiva sobre la reciente decisión de Israel sobre la UNRWA.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si Israel presentaría una respuesta al tribunal.
En procedimientos anteriores ante la CIJ para una opinión consultiva sobre la legalidad del actual gobierno de Israel en “los territorios palestinos ocupados”, Israel presentó una breve respuesta de cuatro páginas, pero se negó a enviar una delegación legal a La Haya para defenderse.
Las opiniones consultivas de la CIJ no son vinculantes, pero pueden tener un peso significativo y han sido citadas en otros foros legales, como la Corte Penal Internacional y los tribunales nacionales.
La resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU la semana pasada, patrocinada por Noruega, pidió a la CIJ que diera su opinión sobre las obligaciones de Israel “como potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas” en relación con las operaciones de la ONU “incluidos sus organismos y órganos”, y con respecto a “la provisión sin trabas de suministros urgentemente necesarios esenciales para la supervivencia de la población civil palestina”.
En octubre, Israel aprobó una ley con una gran mayoría en la Knéset, incluidos los partidos de la oposición, que prohíbe a la UNRWA funcionar en territorio israelí soberano, que según la ley israelí incluye Jerusalén Este, donde la agencia tiene una presencia significativa. Está previsto que entre en vigor el próximo mes.
La legislación también prohíbe a las agencias estatales tener cualquier contacto con la UNRWA o sus representantes, una cláusula que probablemente hará extremadamente difícil, si no imposible, que la organización opere en Gaza.
Las medidas se aprobaron después de que se revelara que algunos miembros del personal de la UNRWA participaron en las atrocidades del 7 de octubre.
Las acusaciones israelíes de que una proporción significativa de sus empleados tienen vínculos con grupos terroristas en Gaza; las reiteradas circunstancias en las que Hamás ha utilizado la infraestructura de la UNRWA con fines terroristas; y la evidencia de que la gran red educativa de la UNRWA incita al odio y la violencia contra Israel.
La ONU y otros actores internacionales han insistido en que la UNRWA ha sido un actor central en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza y en la prestación de otros servicios médicos y humanitarios clave, sin los cuales la ya de por sí terrible situación humanitaria en el territorio desgarrado por la guerra se deterioraría aún más.
Israel sostiene que la UNRWA ya no es un actor importante en Gaza, y que otros grupos están asumiendo el trabajo de ayuda.
Los opositores a la legislación también alegan que las medidas violan la Carta de la ONU y el derecho internacional.
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