El Tribunal Superior de Justicia dictamina que se anula un componente clave de una ley muy controvertida aprobada a instancias del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que otorga al ministro el poder de delinear “principios generales” respecto a las investigaciones policiales, incluida “la determinación de prioridades fundamentales” para las investigaciones policiales.
Sin embargo, el tribunal confirma otros aspectos de la ley que otorgan al ministro el poder de “delinear las políticas de la policía y los principios generales de su funcionamiento”, incluidas “prioridades, programas de trabajo y directrices generales”.
La decisión de mantener las cláusulas de la ley que otorgan al ministro una autoridad más general se tomó por unanimidad.
La decisión de derogar la cláusula relativa a la autoridad sobre la política de investigaciones policiales fue tomada por una mayoría de cinco jueces contra cuatro.
La decisión es la última de una serie de fallos del poder judicial contra el gobierno de extrema derecha, que junto con el impulso de la coalición para reformar el sistema judicial ha generado una crisis constitucional de combustión lenta entre los dos poderes del gobierno.
Los peticionarios contra la ley, entre ellos la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, argumentaron en sus peticiones y en el tribunal que la ley otorgaba al ministro una autoridad excesiva sobre el trabajo policial y politizaría la fuerza policial, poniendo en peligro los derechos democráticos, según The Times of Israel.
Los peticionarios objetaron las cláusulas de la ley que permiten al ministro de seguridad nacional “delinear las políticas de la policía y los principios generales de su funcionamiento”, incluidas “prioridades, programas de trabajo y directrices generales”, argumentando que permitían al ministro intervenir en decisiones policiales sensibles, lo que podría perjudicar derechos constitucionales como la libertad de protesta y la libertad de expresión.
La ACRI y el Movimiento por un Gobierno de Calidad también se opusieron firmemente a una segunda cláusula controvertida de la ley que permite al ministro de seguridad nacional “establecer principios generales en el campo de las investigaciones, incluida la determinación de prioridades principales”.
Los peticionarios argumentaron que estos poderes en manos del ministro podrían politizar la aplicación de la ley y socavar la independencia de la policía, y por lo tanto dañarían gravemente los principios democráticos.
Además, sostuvieron que la ley colocaba al ministro en un conflicto de intereses institucional, ya que él estaría a cargo de determinar la política en materia de investigación de la corrupción y las irregularidades cometidas por funcionarios públicos.