El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo el martes que grupos de presión estaban presionando a tribunales extranjeros para que tomaran medidas contra los israelíes por presuntos crímenes de guerra en Gaza, pero describió las acciones como “actividad de propaganda” y dijo que no se habían emitido órdenes de arresto.
Un alto diplomático dice que una docena de casos nunca llegaron a ninguna parte, culpa a “actividad de propaganda” después de que un soldado de la reserva que estaba de vacaciones en Brasil se vio obligado a huir del país por una investigación
Además de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por su actuación en la guerra de Gaza, el tribunal también emitió órdenes de captura contra tres dirigentes de Hamás, dos de las cuales fueron retiradas tras ser eliminados por Israel, que afirma que también eliminó al tercero.
También puede interesarte
Las órdenes de captura provocaron indignación en Israel, que ha rechazado las acusaciones de crímenes de guerra, pero también generó temores de que se pudieran emitir órdenes de captura similares contra israelíes que sirvieron en el ejército en Gaza.
El grupo antiisraelí y propalestino que presentó la demanda, la Fundación Hind Rajab, dice en su sitio web que “se centra en acciones legales ofensivas contra los perpetradores, cómplices e instigadores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Palestina”.
El grupo con sede en Bélgica también dijo que había presentado pruebas de presuntos crímenes de guerra ante la CPI contra 1.000 israelíes, incluidos informes de video y audio, informes forenses y otra documentación. La CPI confirmó que había recibido una denuncia y dijo que “analizaría los materiales presentados, según corresponda”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ofreció asistencia al reservista señalado por la acción, pero los funcionarios dijeron que el problema no era generalizado.
“Este es un fenómeno de alcance muy limitado en números”, dijo el Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eden Bar Tal, a los periodistas en Jerusalén, diciendo que no había habido más de 10 a 12 casos desde que comenzó la guerra en Gaza hace 15 meses.
“No se emitió ninguna orden judicial en ninguno de estos casos. Así que fue, diría, una actividad de relaciones públicas relativamente fuerte pero con muy pocos, muy, muy pocos – cero – en resultados judiciales”, dijo, según The Times of Israel.
“Creemos que se trata de una actividad de propaganda en general, patrocinada por entidades, un número muy bajo de entidades, que tienen conexiones directas con organizaciones terroristas”, dijo.
La CPI ha incurrido en la mayor desgracia jurídica al tratar de acusar a Israel y a sus valerosas Fuerzas de Defensa de crimenes de guerra (archivo)
El fundador de la Fundación Hind Rajab, Dyab Abou Jahjah, publica mensajes en la plataforma de redes sociales X en los que promete emprender acciones legales contra los soldados israelíes y pide ayuda para identificarlos. También ha publicado mensajes en apoyo del movimiento terrorista Hezbolá, respaldado por Irán, que hasta el alto el fuego alcanzado en noviembre había estado lanzando ataques casi diarios contra el norte de Israel en solidaridad con Hamás.
El caso de Brasil atrajo gran atención en Israel, poniendo de relieve los temores de que personas ajenas al gobierno y a la cúpula militar puedan verse implicadas en la cuestión de los crímenes de guerra, en particular a través de publicaciones en las redes sociales.
El ejército israelí ha advertido a los reservistas que podrían enfrentarse a un arresto en el extranjero por presuntos crímenes de guerra en Gaza, según documentos publicados por los medios israelíes. El periódico Haaretz dijo que se han presentado denuncias contra soldados de las FDI en Sudáfrica, Bélgica y Francia, así como en Brasil.
Sin embargo, Rubens Becak, profesor de Derecho de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, dijo que no siempre es sencillo para terceros países responder a demandas de este tipo.
“Sin una legislación específica, resulta muy difícil para instituciones como la Policía Federal actuar en casos como este”, dijo.
