Cientos de víctimas del 7 de octubre recurren a los tribunales y a la ley en busca de cordura; se ha declarado orden de embargo temporal de 2.800 millones de shekels contra la Autoridad Palestina, cuya sede está como se sabe en Judea y Samaria.
Algunos de los demandantes son familiares de los asesinados, y la mayoría de ellos resultaron heridos en el ataque.
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El Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó que hay base para la afirmación de que, según la ley de indemnización a las víctimas del terrorismo, cada una de ellas supuestamente tiene derecho a una indemnización de al menos 5 millones de shekels, poco menos de 1 millón y medio de dólares.
El Tribunal Supremo aclaro el mes pasado: “La Autoridad Palestina paga a los terroristas y a los miembros de sus familias importantes cantidades de dinero y beneficios, en estrecha relación con los actos criminales de terrorismo que cometieron”.
El Tribunal de Distrito de Jerusalén concedió la solicitud de cientos de víctimas de la Guerra de las “Espadas de Hierro” y de la masacre del 7 de octubre y recientemente emitió una orden de embargo temporal contra la Autoridad Palestina por un monto total de aproximadamente 2.800 millones de shekels.
Estas son una serie de demandas contra la Autoridad Palestina y la organización terrorista Hamás.
Como parte de la demanda, los cientos de víctimas, a través del abogado David Simanah, afirman ser familiares de los asesinados en la masacre, y la mayoría de los demandantes son víctimas del ataque y de la guerra.
La mayoría de ellos viven en kibutz y asentamientos de la zona y sus alrededores.
La demanda afirma además que todos los afectados sufrieron daños mentales y/o físicos por el ataque terrorista del 7 de octubre. La demanda afirma que el horrible ataque terrorista fue llevado a cabo por Hamás y que la Autoridad Palestina alienta ataques y actos de terrorismo contra el Estado de Israel, por lo que la incautación está dirigida contra la Autoridad Palestina.
La Autoridad Palestina presentó una petición al Tribunal Supremo de Justicia el año pasado y solicitó cancelar la ley aprobada por el Knesset -que permite a las víctimas del terrorismo reclamar una compensación a la entidad que lo financia- el presidente del Tribunal Supremo, Yitzhak Amit, rechazó la petición de la Autoridad el mes pasado .
Amit también afirmó que “incluso si la ley se basa en un motivo político, esto no conduce a su derogación”.
La ley establece que si el acto de terrorismo causó la muerte de una persona, sus herederos tendrán derecho a una compensación ejemplar por un monto de diez millones de shekels, y si una persona resulta herida por un acto de terrorismo y sufre una discapacidad permanente, la parte lesionada tendrá derecho a una compensación ejemplar por un monto de cinco millones de shekels.
El juez Amit también dictaminó que la Autoridad Palestina “reclama una violación de sus derechos, pero la supuesta violación se deriva de sus acciones y de su propia decisión de pagar dinero y beneficios a asesinos manchados con la sangre de israelíes inocentes. La Autoridad Palestina tiene la opción de elegir un camino diferente y poner fin a su política que recompensa y alienta la comisión de actos terroristas”.
La AP señaló que hay aproximadamente 180 demandas pendientes en su contra, en las que participan cientos de partes perjudicadas, por lo que el monto de responsabilidad que podría imponérsele a la AP podría alcanzar miles de millones de shéquels.
El abogado David Simanah, que representa a los cientos de demandantes, dijo en respuesta: “Acogemos con satisfacción la decisión del tribunal de distrito de emitir una orden de incautación temporal de los fondos de la Autoridad Palestina en poder del Estado. Se trata de la indemnización más alta concedida hasta la fecha por una reclamación presentada por víctimas de hostilidades”.
“Mi oficina y yo seguiremos apoyando a las familias de las víctimas y a los familiares de las víctimas de las hostilidades en este frente contra el terrible terrorismo”.
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